“La Basura debajo de la Alfombra”

Coincidimos en este titulo, porque así sentimos lo que sucede con los compañeros detenidos en los centros de detencion de la Provincia de Córdoba. La discriminación, la marginación y por ultimo la exclusión social a nuestro egreso. Nos sentimos un producto desechado después de nuestras malas decisiones, o equivocadas también en el mayor de los casos.

Una sociedad que avanza, es una sociedad que mediante sus legisladores y poder ejecutivo promueve nuevas políticas, en todos los sectores y nosotros los detenidos por causas penales también lo somos. Nosotros no perdimos nuestra condición de ciudadanos, solo nos inhabilita a cumplir nuestros derechos cívicos, una medida de coerción que se basa como POR SUPUESTO AUTOR ( P.S.A)

Es urgente e imperiosa una nueva política penitenciaria en la provincia de córdoba, que descomprima los espacios de detención; que están hacinados y colapsados, sin recursos, sin alimentos y sin atención farmacológica. La detención provoca enfermedades en el detenido, tanto físicas, orgánicas como psiquiátricas.

Hoy observamos que cada día ingresan más detenidos y lo insólito es que sus causas podrían esperar un juicio en libertad, bajo cualquier tipo de caución, delitos tales como: Hurto, resistencia a la autoridad, robo simple. Mientras que los tipificados como robo calificado, homicidio, etc., etc., si asignarles el lugar correspondiente en un centro de detención. Lo que más llama a atención es la gran cantidad de detenidos inocentes por delitos adjudicados por un prejuicio policial o la criminalización de los antecedentes que registra la justicia cordobesa. El poder adjudicado por el código de faltas a la policía les da el derecho absoluto de decidir el futuro de un ciudadano en cuestión de segundos, ya sea por portación de cara, por vivir en una villa, por su vestimenta, etc,etc… o  animosidades personales contra el sujeto en cuestión. Algo que viola aberrantemente los derechos que nos otorga la constitución nacional y los pactos internacionales firmados con la Convención americana de derechos humanos” con rango constitucional. Que su principio fundamental es la “no discriminación”, algo que se ve a diario tanto en la calle como en el poder judicial. Que cuando toma declaración o se debe llenar una ficha protocolar policial, se solicita “estudio cursados” y según la respuesta, así será su trato. Esas preguntas están marcando una pauta discriminatoria, ya que solo es necesario preguntar si sabe leer y escribir.

Otro tema que marca significativamente la discriminación reinante en la población de la ciudad de córdoba, y por consiguiente la posterior exclusión del sistema laboral, es el requisito para postularse a un empleo de la presentación del “ Certificado  de Buena Conducta”. Donde el ex detenido, carente de recursos para su subsistencia y la de su familia, sin posibilidad alguna a postularse a un empleo, se ve empujado nuevamente al camino de la delincuencia. Es una realidad oculta a voces, reitero lo mismo, “los antecedentes en el sistema judicial de córdoba, están criminalizados” -   
Describamos una situación muy común:  un obrero, que oculto ante su empleador su calidad de ex detenido a los efectos de poder conseguir el trabajo, un día va camino a su trabajo, y en el trayecto ocurre un delito, donde el es ajeno al mismo, los delincuentes huyen y la policía exaltada por la búsqueda encuentra en su camino a este obrero, lo retiene para averiguación de antecedentes  y queda detenido como supuesto autor, obvio en su historial prontuario aparece aquel delito que habia purgado y cumplido. Es trasladado a la U.C.A, si no cuenta con dinero para contratar a un abogado, el ministerio público le asigna uno. Un abogado que tiene cientos de detenidos por atender, y que, en realidad no atiende a ninguno como corresponde. En consecuencia, es trasladado a Bouwer. Por un tiempo incierto e indignante, que puede durar desde ocho meses a dos años o mas. Este obrero pierde su trabajo, el sustento de su familia. Todo su entorno pagas las consecuencias de este proceder.

Una vez escuche decir a una eminencia en materia judicial “es preferible siete delincuentes sueltos y no un inocente encarcelado y mal juzgado”.

Hoy percibimos y hasta nos arriesgamos a decir que hay una decisión política desacertada y represora, encerrando al poseedor de antecedentes penales o no. La inseguridad no se va a solucionar con estas medidas, por el contrario, la deficiencia que produce el colapso de los centros de detención, impide un seguimiento personalizado que no alcanza a los objetivos que plantea la Ley Nacional 24.660. En lo mas mínimo garantiza una reinserción social mínima. Los egresados quedan a la buena de Dios, sin contención, sin apoyo y eso sumamos la exclusión social y marginación por su condición.

Otra de las responsabilidades que conforman esta deplorable situación en la que estamos sumergidos, es la del Poder Judicial. Los Fiscales no observan objetivamente los procedimientos policiales y si los mismos fueron realizados conforme lo estable el Código Procesal Penal de la Pcia. Reza en sus artículos, algo realmente preocupante, porque las responsabilidades caben tanto por acción como por omisión. No observamos una dinámica judicial. Los horarios de atención son una falta de respeto hacia los ciudadanos con medidas de coerción. No se puede resolver un delito, trabajando de 9.30 a 13.30 hs, y tener detenido  a un ciudadano por un delito menor hasta 16 meses en la cárcel. Y lo mas grave se observa aquí, donde estamos detenidos, como el peso de ese proceder judicial , indiferente y falto de consideración por el ciudadano que esta a su disposición, recae con todo el peso en el servicio penitenciario. Ocasionando graves trastornos a sus responsables, desde el celador hasta el director del establecimiento. Que deben lidiar con ciudadanos que solo exigen lo que la ley les otorga, y con la escases de presupuesto para sostener semejante infraestructura. Vivimos a diario tales consecuencias.

El Poder Judicial debe ampliar su horario de atención y organizar la dinámica necesaria para colaborar con esta situación que se vuelve cada día mas humillante y resentida; generando no ciudadanos readaptados socialmente, sino rencores, resentimientos y sentimientos negativos que los impulsa a volver a delinquir, porque no tienen otros medios de subsistencia o empujados por la necesidad de sostener una familia, numerosa en la mayoría de los casos, y sin recursos.

Las estadísticas nos demuestran un alto grado de re-incidencia en la provincia de córdoba. Y a mi opinión es porque no hay un programa de reinserción social responsable y educativa, con posibilidades a todas las áreas y respetuosa del detenido. El ejemplo educa, acá por ejemplo al ciudadano se lo trata de “choro” – “como andas choro”. – Si respetamos, lo mismo obtendremos, y si es necesario recordárselo, hasta que entienda el ciudadano.

El servicio penitenciario debe ser una institución de educación, respeto y ejemplo. No de humillación, vejaciones y hasta de torturas. Los familiares en cada una de sus visitas son humilladas, vejados al desnudarlos y tener que mostrar sus partes intimas, cuando hay mecanismos electrónicos para la detección de metales, y animales entrenados para ser usando ante la sospecha del trafico de estupefacientes.

Es mi opinión que el servicio penitenciario de córdoba con el aval político, el apoyo del poder judicial, puede marcar una gran diferencia con respecto a otras provincias, obviamente con la ayuda de nuestra señora presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en la cual ponemos todas nuestras esperanzas en su promesa de una Reforma Penitenciaria, única y destacada, en Latinoamérica.

Cabe aclarar, que no alegamos que somos todos inocentes de nuestros actos, sino que observamos a muchos ciudadanos que realmente son inocentes, por delitos adjudicados por la policía en su incapacidad de resolución de un hecho delictivo. Y son ellos los que colapsan los centros de detención. Dejando a detenidos no inocentes, es decir, responsables de los hechos que le adjudican, la imposibilidad de una detención digna como contemplan las leyes.

Esto se resume en un pedido de ayuda desesperado. 

Los detenidos de todos los centros de detención de Córdoba