Es un organismo dependiente del Poder Legislativo que controla la no violación de los
derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Actúa dentro del ámbito federal y tiene facultades para denunciar e iniciar cualquier
investigación sobre hechos que afecten los derechos, tanto de los procesados como de los
condenados.
Para cumplir su misión debe visitar los establecimientos penitenciarios y, en caso de
comprobar alguna lesión a los derechos de los condenados, realiza recomendaciones,
propuestas o denuncias para evitar la reiteración de hechos de esa naturaleza. Además tiene
facultades para:
• solicitar informes;
• realizar inspecciones;
• entrevistarse con los presos sin aviso previo y sin testigos;
• requerir explicaciones al funcionario o empleado penitenciario en caso de
observar irregularidades
• formular denuncia penal cuando tome conocimiento de un hecho delictivo;
• poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se
encuentra el preso.
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